Un delito que bien puede recibir los calificativos más severos, tanto por el daño económico como por su impacto en la sociedad, va cuesta en arriba en varias provincias del país: la sustracción del aceite dieléctrico de los transformadores eléctricos.
Durante 2024, en Santiago de Cuba, se han dado hechos de esta índole en los municipios de Contramaestre, Palma Soriano y San Luis, en este último ocurrió el que afectó la mayor cantidad de personas y entidades.
Aprovechando la contingencia energética y, de manera específica, la anterior desconexión del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), al transformador de cuatro millones de volt-ampere (MVA) ubicado en la Subestación de Paquito Rosales, le fueron sustraídos unos 300 litros de aceite, afectando a unas 17 000 personas residentes en los consejos populares de Paquito Rosales, Dos Caminos y cuatro circunscripciones de Estrella Roja.
EL DAÑO SOCIAL
Fue un acto criminal, jamás visto por Víctor Agramonte Fuentes, desde que se mudó a escasos metros de la Subestación, en los años 80. «Mi familia siempre ha estado pendiente a todo cuanto tiene que ver con el transformador, la limpieza de sus alrededores, porque sabemos lo que significa y las relaciones con la Empresa Eléctrica son las mejores».
Debió ser en altas horas de la noche, «hacía mucho calor y llegué muy cansado. Figúrate, los apagones se incrementaron luego de que el huracán Rafael azotó el Occidente del país. Nos cazaron la pelea y cometieron un acto criminal», aseveró el sanluisero, con una visible combinación de impotencia, enojo y tristeza.
Cuando se crearon las islas de generación eléctrica, «el transformador falló, y enseguida nos dirigimos hasta aquí, acompañados por las principales autoridades del Partido y el Gobierno en el municipio, y muy pronto se sumaron directivos y especialistas de la Empresa», refirió Silvio Miranda Reyes, jefe de Operaciones de la Organización Básica Eléctrica (OBE) sanluisera, quien lidera un equipo «que desde entonces permanece vigilante».
En ese contexto, el ingeniero eléctrico Léster Díaz, que vive en el llamado Camino de la Isla, no dudó en explicarles a sus familiares, vecinos y amigos la negativa trascendencia de aquel hecho: «Yo trabajo en los Talleres Ferroviarios, pero sé muy bien que el aceite tiene una función aislante y refrigerante y, al faltar, colapsa el equipo. Quienes lo hicieron, supongo, tienen conocimientos».
De acuerdo con especialistas de la Empresa Eléctrica santiaguera, este tipo de aceite determina «la prolongación de la vida útil y el funcionamiento eficaz de los transformadores eléctricos, disipa el calor, garantiza que la bobina y el núcleo del transformador se mantengan a temperaturas óptimas, al permitir la absorción de energía térmica».
Ante la situación, y con el objetivo de garantizar la alimentación del pueblo, se procedió a la venta de alimentos elaborados y productos agropecuarios por las unidades productivas y las del Comercio y la Gastronomía. Se ubicaron dos plantas eléctricas, una en el Parque Central de Dos Caminos y otra en la Casa de Cultura, para que la ciudadanía energizara sus dispositivos móviles y equipos recargables. Asimismo, una radio base para mantener el flujo informativo.
También se activó un puesto de dirección para atender, chequear, organizar las acciones y enfrentar la contingencia energética. Entre las múltiples variantes, se trasladó un transformador de menor potencia, con el fin de garantizar el servicio eléctrico a una parte de la comunidad. Se mantuvieron, además, funcionando los grupos electrógenos de emergencia en centros vitales.
De manera provisional, fue instalado un transformador de 1,6 MVA «que al menos garantizó la rotación del servicio en las diversas zonas de Dos Caminos, Paquito y Estrella Roja», precisó Miranda Reyes. Mientras, en la ueb de Redes Eléctricas, en la capital provincial, se intensificaron las labores de mantenimiento a otro transformador de alta potencia, y una brigada compuesta por ingenieros y especialistas de ambas unidades concluyó las operaciones de montaje del equipo para, una vez realizadas las pruebas técnicas, restablecer totalmente el servicio.
EL DAÑO ECONÓMICO-FINANCIERO
A las complejidades que marcan la cotidianidad se sumó este, provocado por inescrupulosos oportunistas, que bien pueden responder a intereses desestabilizadores.
La cuestión es que, a la altura de noviembre, fueron cinco los transformadores dañados por el robo del aceite, «el de Dos Caminos, por ejemplo, tiene un costo en el mercado internacional que oscila entre los cuatro y cinco millones de dólares, a eso se le suma la energía dejada de servir a los clientes, los gastos en transportación, alquiler de grúas, el combustible y la fuerza de trabajo puesta a disposición de la contingencia, con tres brigadas laborando las 24 horas», precisó el ingeniero Adrián Blázques Sánchez, director del Centro Territorial de Operaciones (CTO) de la Empresa Eléctrica.
También tienen un costo económico las acciones en los destinados «para Dos Caminos y Hatillo, con sentido de urgencia, pero sin violar los procedimientos para su puesta en funcionamiento. Cuando se trabaja con electricidad y, específicamente, con este tipo de medios, hay que ser muy detallista, para reducir al máximo los riesgos y vulnerabilidades», enfatizó el director del CTO.
Toda una logística –procedente de la cabecera municipal y de otros territorios de la provincia– tuvo que trasladarse hacia las comunidades afectadas «para ofrecer bienes y servicios, asistir a los más necesitados y atender las quejas, sugerencias y peticiones de la población. Fue una prueba de fuego para todos», aseguró Yusmaikel Valier Ramírez, primer secretario del Comité Municipal del Partido.
CERO TOLERANCIA A TALES CONDUCTAS
De acuerdo con Elizabeth Govea Maceo, jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba, «entre los meses de agosto y noviembre se ha presentado un incremento de estos hechos, provocando afectaciones al servicio, con independencia de las que se han suscitado a raíz de la contingencia energética por la que hoy atraviesa el país».
Obviamente, dijo la Fiscal, se han generado molestias, «alterando la tranquilidad ciudadana, e impactan en el desarrollo económico social de los territorios afectados, que permanecen varios días sin servicio eléctrico, en virtud del actuar de personas inescrupulosas que, sin pensar en los resultados, asumen tales conductas, que tipifican ilícitos penales recogidos en el Código Penal».
Queda claro que las conductas asumidas por los comisores, «atendiendo a la forma y medios que se emplean para la sustracción del aceite de los transformadores, podrían corporificar delitos de «hurto» o «robo con fuerza en las cosas»; dependiendo de la forma en que suceda la sustracción; y para el caso de las personas que compran o vendan este aceite, se podría integrar un delito de receptación», detalló Govea Maceo.
Un litro de este aceite se comercializa en el mercado negro en montos que pueden superar los mil pesos. La carencia de aceites y lubricantes hace que muchos lo adquieran, principalmente, de las manos de estos ladrones.
«También podrían integrar un delito de sabotaje, ilícito regulado en el capítulo ii de la Ley 151/22, que es el Código Penal vigente, en el que se agrupan los delitos contra la Seguridad Interior del Estado, específicamente en la Sesión Sexta, Artículo 125.1, que establece que, «cuando una persona con sus acciones y con el propósito de obstaculizar o impedir el normal uso o funcionamiento o a sabiendas de que puede producirse este resultado, destruye, dañe, inutilice, altere o perjudique los medios, recursos, (…) relacionados con las fuentes de energía o de transmisión de energía, prevén sanciones de siete hasta 15 años de privación de libertad».
«En el Artículo 126 se agrava el marco penal de la sanción establecida cuando, además, se pone en peligro la seguridad colectiva, se producen consecuencias graves cualquiera que sea el medio utilizado o los bienes afectados pertenecen a las reservas materiales, como sucede en estos casos, en estos supuestos las sanciones establecidas son de diez hasta 30 años de privación de libertad», sentenció la Jefa del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba.
La Fiscalía General de la República, de conjunto con los órganos de investigación del Ministerio del Interior, mantiene un seguimiento permanente a estos hechos, y ofrece a cada caso el tratamiento riguroso que amerita, desde la imposición de medidas cautelares –que pueden llegar a ser la de prisión provisional–, hasta la solicitud a los tribunales de justicia de penas severas para los autores.
La tolerancia cero al delito en todas sus formas y manifestaciones debe ser asumida por la sociedad en su conjunto. Este, unido a la corrupción, es incoherente con la Constitución de la República.
